AMISTAD FM 89.5 MHZ LA MAQUINA DE HACER AMIGOS!
El juez Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, condenó a Martín Báez a tres años de prisión por su participación en el fraude con la obra pública de Santa Cruz. Luego unificó esa pena con una condena firme de seis años y seis meses por lavado de activos: el hijo de Lázaro Báez deberá cumplir una pena única de siete años y nueve meses. La decisión se tomó tras homologar un acuerdo de juicio abreviado entre las fiscalías y las defensas de seis acusados.
El tribunal lo consideró partícipe necesario de la maniobra que, según el fallo, permitió direccionar contratos viales hacia empresas de su padre. La investigación incluyó su intervención en Austral Construcciones, Kank y Costilla y otras firmas del grupo, que ejecutaron obras adjudicadas en Santa Cruz. Este expediente corresponde a un tramo posterior del caso Vialidad, cuya sentencia inicial fue dictada en diciembre de 2022 y quedó firme en junio de 2025.
La resolución extendió a los seis condenados el decomiso de 684.990 millones de pesos, monto actualizado al 15 de julio de 2025. Basso aclaró que la medida no agrega una nueva suma a la ya dispuesta por el perjuicio investigado: incorpora a los nuevos condenados a la obligación correspondiente. El modo de ejecutar el decomiso y el orden de responsabilidad de cada uno se definirán más adelante. Además, Báez recibió una multa equivalente a cinco veces el monto de la operación y deberá afrontar las costas judiciales.
Entre los otros condenados, el expresidente de Austral Construcciones Julio Mendoza recibió tres años de prisión, unificados con una pena firme previa de cinco años por lavado, en un total de cinco años y nueve meses. El juez mantuvo su detención domiciliaria. Los exfuncionarios de Vialidad Nacional Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso fueron condenados a dos años y ocho meses en suspenso e inhabilitación perpetua. El empresario Fernando Butti recibió dos años y seis meses en suspenso. Los cuatro deberán fijar residencia y quedar bajo control de un patronato.
El fallo también ordenó extender el decomiso a esos acusados, además de Báez. El acuerdo abreviado había sido presentado el 29 de abril por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, con la conformidad de la Unidad de Información Financiera. El expediente no quedó cerrado para todos los imputados: Sandro Férgola, Gustavo Gentili y Fernando Abrate continúan en juicio oral, mientras que Myriam Costilla obtuvo la suspensión del juicio a prueba.
